Terrorismo. Con la vista puesta en el cifrado de datos

​En los últimos dos años se han desarrollado programas de encriptación cada vez más sofisticados, especialmente para los smartphones, que están a disposición del gran público, lo que facilita el planeamiento de actos terroristas sin que la policía pueda detectarlos. Esta cuestión está viva desde hace décadas, pero se ha reavivado en las últimas semanas tras las matanzas de París y California. En EEUU, las fuerzas de seguridad están haciendo lo posible por tener acceso a esos datos encriptados, basándose en las necesidades que presenta la guerra antiterrorista, si bien intentando a la vez un equilibrio con la privacidad, dice la Casa Blanca. El Presidente Obama aumenta la presión sobre el sector tecnológico para que colabore en las autoridades, que se resisten argumentando razones comerciales. El director de tecnología Casa Blanca y el jefe de seguridad cibernética Michael Daniel han replicado que "las tecnológicas estadounidenses (operadores de telecomunicaciones) tienen una perspectiva muy particular ... y que tienen que aportar su experiencia, la innovación y la creatividad para apoyar la lucha contra la amenaza terrorista." Algunos analistas afirman que el público en general está dispuesto a aceptar mayor acceso a la información por parte del gobierno para los fines legítimos de investigación. "Esto forma parte de un debate más amplio, que se inicia en los albores de Internet, acerca de cuanto anonimato deben disfrutar las personas", dijo James Lewis, investigador principal en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, que como un funcionario de la Administración trabajó en temas de cifrado. Lewis dijo que el debate ha sido desvirtuado por el uso del término "puerta trasera" si lo usan las fuerzas de seguridad, cuando de hecho, la mayoría de las tecnologías tienen la capacidad de descifrar los datos en determinadas circunstancias. "Las empresas como Google emplean data-mining para obtener datos con fines publicitarios", dijo Lewis. Darren Hayes, profesor de ciencia informática forense de la Pace University de Nueva York, dijo que sería útil que Apple y Google hicieran retroceder su cifrado al nivel de hace un año, y permitir el acceso a los teléfonos inteligentes con una orden judicial. "Pero Apple decidió que eso no tenía sentido empresarial" y agregó que las empresas de alta tecnología son conscientes de su imagen pública y no quieren ser vistos como instrumentos de aplicación de la ley o de la Agencia de Seguridad Nacional. El hecho es que en Nueva York hay más de 100 investigaciones detenidas pertenecientes a todo tipo de delincuentes porque hay teléfonos que no pueden ser analizados. Por su parte, las empresas de tecnología no son propensas a hacer cambios de manera voluntaria para ayudar a las fuerzas del orden. La única forma en que serían persuadidos es a través de la ley, pero por ahora la Administración no está decidida a ello. Sin embargo, el control gubernamental de los datos encriptados no impedirá la comunicación de los terroristas y los criminales entre sí, opinó el director para las campañas y el desarrollo de la empresa Privacy International, Harmit Kambo, encuestado por Sputnik. "No hay evidencia de que el cifrado haya obstaculizado el cumplimiento de la ley o los servicios de seguridad; el control del cifrado no detendrá la comunicación de los criminales y los terroristas fuera de la vista de las autoridades, pero sin duda limitará la capacidad de todos los demás de protegerse de incluso un criminal cibernético poco cualificado", dijo. Las autoridades holandeses decidieron en contra de la adopción de una normativa que preveía obligar las empresas a decodificar los mensajes encriptados para las agencia de seguridad en el marco de la lucha contra el terrorismo. Harmit Kambo indicó que Reino Unido debe seguir el ejemplo de Washington y Ámsterdam que decidieron no comprometer los datos encriptados de sus ciudadanos. Por su parte, el Parlamento británico introdujo el 4 de noviembre un proyecto de ley que prevé obligar las respectivas empresas guardar el historial de la navegación web por 12 meses y conceder acceso policial a estos datos así como al contenido de la comunicación de los internautas. "El Gobierno del Reino Unido ahora tiene que seguir EEUU y Países Bajos y garantizar que el proyecto de ley no debilite el cifrado", indicó Kambo.

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